Los 500 mdd que Estados Unidos destinará a México, han levantado una gran especulación, desde antes de que el gobierno mexicano aceptara su negociación con sus homólogos estadounidenses. En el encuentro que tuvieron en Yucatán el trece de marzo pasado George W. Bush y Felipe Calderón, se comenzó a especular sobre el acuerdo que ahora hacen oficial, mientras, las versiones sobre su realización se difundieron especialmente en los medios escritos de aquel país, y a partir de la declaraciones del congresista hispano Silvestre Reyes que sorprendió a sus colegas mexicanos en el encuentro interparlamentario que con ellos sostuvo a finales de marzo, al decirles que las platicas para la aprobación de lo que sería un Plan Colombia para México estaban muy avanzadas. Declaración desmentida en su momento por el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhan. Después, el subsecretario para América del Norte de nuestra cancillería, Carlos Rico Ferrat, en un evento de El Colegio de México, comentó que era inminente la aprobación del acuerdo de cooperación bilateral con el gobierno del norte y que cuando este se hiciera oficial, serían los mandatarios de ambos países quienes lo nombrarían oficialmente, asunto que sucedió dos semanas después cuando se anunció con toda oficialidad que los presidentes lo llaman Iniciativa Mérida, haciendo clara alusión a esa ciudad en donde desde marzo se reunieron para comenzar con las platicas de las que hasta ahora es informada de forma oficial la sociedad mexicana.
Si el gobierno norteamericano requiere de la aprobación de su congreso para la realización del acuerdo con nosotros, y conociendo lo establecido en el artículo 76 de nuestra carta magna, donde faculta exclusivamente al Senado mexicano para analizar la política exterior realizada por el ejecutivo, es indispensable que en México ocurra lo mismo. Y más tratándose, como lo ha expresado la canciller, de un acuerdo que comprende la colaboración de nuestro país en la lucha antiterrorista con los Estados Unidos, visualizando el riesgo a que se atienen quienes colaboran con ellos en esta guerra.
En 2003 cuando el gobierno de ahora saliente presidente Bush decidió invadir Iraq, México voto en contra en el Consejo de Seguridad de
Los beneficios que para México puedan traer los 500 mdd, distan mucho de restar los riesgos a los que nos someteremos, por ser visualizados por los enemigos fundamentalistas que ni la guerra en Iraq y Afganistán han podido someter.
La utilización del problema del narcotráfico para participar indirectamente en una guerra que no es nuestra, y en la que sólo participaremos veladamente, nos lleva a asumir a los enemigos de los norteamericanos como nuestros y los riesgos que ello ocasionará. Sumado esto a la frágil posición de nuestro ejecutivo en política interna, la guerra sin victoria contra el crimen organizado y la guerrilla, entre otros frentes, hace de esta Iniciativa Mérida, sólo la apertura de otro frente, que tendrá reacción al interior del país en materia política, pero además al exterior en algo en lo que esta ampliamente demostrado que no tenemos ninguna capacidad de prevención y menos de reacción.
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