El jueves pasado fue dado a conocer por el senador y presidente de la junta de coordinación política en ésa cámara, Manlio Fabio Beltrones, el espionaje político y familiar del que “recientemente” se enteró. En la rueda de prensa que entabló para dar a conocer el expediente que se le sigue, abundó en los detalles que tiene sobre cómo el gobierno debe estar detrás del seguimiento a él y a sus colaboradores, mismo que llega a su familia.
El documento, dice el senador, tiene “huellas y sellos claros de elaboración gubernamental”, quien trabajara en la secretaría de gobernación nada menos que con Fernando Gutíerrez Barrios, en el sexenio salinista, con seguridad sabe identificar esas huellas y sellos en los que pudo haber participando para que se acuñaran y de los que ahora adolece.
La información públicamente conocida del citado expediente no revela nada que no sea conocido con anterioridad a la revelación de su existencia, tampoco es ajeno al conocimiento popular que éstos expedientes y las investigaciones para elaborarlos existan, la información reveladora es el hecho político de su ventilación pública y más ahora, a unos días de que concluyan los debates sobre la iniciativa de Calderón para reformar Pemex y el inminente periodo extraordinario para votar dicha propuesta.
Es Beltrones Rivera quien está más puesto que el mismo Calderón para que las cinco propuestas reformistas sean aprobadas, es él quien ha impulsado dentro de su bancada, incluso en la perredista, la reforma gubernamental. Es él quien encabeza las negociaciones priístas en Los Pinos y quien defendió a Juan Camilo Mouriño en su momento, quien salió a los medios para respaldar los arrebatos calderonistas sobre la complicidad de los medios en la lucha contra el narcotráfico.
Y es ahora, después de los debates del Senado, quien ocupa éste expediente para tensar la negociación con Calderón y el joven inexperto de Covian, quienes junto con Germán Martínez en el PAN, andan en pleno proselitismo mediático que muestra la preocupación que les invade al ver desplomarse sus posturas claudicantes en el legislativo.
Los motivos del ex gobernador de Sonora para llevar a gobernación, instancia responsable del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) a este vulnerable escenario en el que son exhibidos como espías del parlamento, con facilidad pueden circunscribirse a que busca incumplir con los compromisos legislativos que políticamente signó con Mouriño Terrazo en torno a Pemex.
Esto indica el arrinconamiento al que fue llevado por los gobernadores, senadores y diputados del PRI, para no seguir haciéndole el caldo gordo al gobierno de Calderón, quien arropa para sí los excedentes petroleros y no los comparte entre las entidades federativas aduciendo su increíble inexistencia.
Éste resguardo que efectúa la Secretaría de Hacienda por medio de Agustín Carstens, fue pensado como un medio para presionar a los votos priístas a respaldar las iniciativas y ahora parece que se convierte en uno de los hechos que hace que estos diputados y senadores adviertan que dejarse presionar sería un mal precedente que llevaría a la federación a repetir la táctica siempre que busque impulsar reformas legales de trascendencia.
Lo inmediato sería pensar en la destitución de Guillermo Valdez como director del CISEN, y con esto enmendar en parte el error que dio pie al pretexto de Beltrones, desarropándolo de él, pero como en Bucarelli tienen como costumbre la terquedad y el orgullo, antes de responder correctamente, incluso por propio beneficio a las obvias exigencias, con fortuna se observa que el PRI no acompañará al PAN en la concreción de las ventas petroleras que hiciera en días pasados Calderón por España.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo a bien recordarle a Calderón en este dos de julio, lo sucedido hace dos años, al llamarle como Jefe de Estado, para que impida la destrucción de los paquetes electorales de aquella jornada electoral. Con esto la CIDH busca evitar que se incumpla el derecho a la información reclamado por el director general de la revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, quien es el más avanzado en los trámites judiciales para que se abran los paquetes que contienen las boletas en las que esta la prueba de cómo votamos los mexicanos en ese 2006. El juicio ni siquiera ha sido aceptado por el órgano internacional, pero toma esta medida precautoria con el fin de resguardar su posible apertura en caso de que se gane el proceso en contra de quienes representan al país.
El documento, dice el senador, tiene “huellas y sellos claros de elaboración gubernamental”, quien trabajara en la secretaría de gobernación nada menos que con Fernando Gutíerrez Barrios, en el sexenio salinista, con seguridad sabe identificar esas huellas y sellos en los que pudo haber participando para que se acuñaran y de los que ahora adolece.
La información públicamente conocida del citado expediente no revela nada que no sea conocido con anterioridad a la revelación de su existencia, tampoco es ajeno al conocimiento popular que éstos expedientes y las investigaciones para elaborarlos existan, la información reveladora es el hecho político de su ventilación pública y más ahora, a unos días de que concluyan los debates sobre la iniciativa de Calderón para reformar Pemex y el inminente periodo extraordinario para votar dicha propuesta.
Es Beltrones Rivera quien está más puesto que el mismo Calderón para que las cinco propuestas reformistas sean aprobadas, es él quien ha impulsado dentro de su bancada, incluso en la perredista, la reforma gubernamental. Es él quien encabeza las negociaciones priístas en Los Pinos y quien defendió a Juan Camilo Mouriño en su momento, quien salió a los medios para respaldar los arrebatos calderonistas sobre la complicidad de los medios en la lucha contra el narcotráfico.
Y es ahora, después de los debates del Senado, quien ocupa éste expediente para tensar la negociación con Calderón y el joven inexperto de Covian, quienes junto con Germán Martínez en el PAN, andan en pleno proselitismo mediático que muestra la preocupación que les invade al ver desplomarse sus posturas claudicantes en el legislativo.
Los motivos del ex gobernador de Sonora para llevar a gobernación, instancia responsable del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) a este vulnerable escenario en el que son exhibidos como espías del parlamento, con facilidad pueden circunscribirse a que busca incumplir con los compromisos legislativos que políticamente signó con Mouriño Terrazo en torno a Pemex.
Esto indica el arrinconamiento al que fue llevado por los gobernadores, senadores y diputados del PRI, para no seguir haciéndole el caldo gordo al gobierno de Calderón, quien arropa para sí los excedentes petroleros y no los comparte entre las entidades federativas aduciendo su increíble inexistencia.
Éste resguardo que efectúa la Secretaría de Hacienda por medio de Agustín Carstens, fue pensado como un medio para presionar a los votos priístas a respaldar las iniciativas y ahora parece que se convierte en uno de los hechos que hace que estos diputados y senadores adviertan que dejarse presionar sería un mal precedente que llevaría a la federación a repetir la táctica siempre que busque impulsar reformas legales de trascendencia.
Lo inmediato sería pensar en la destitución de Guillermo Valdez como director del CISEN, y con esto enmendar en parte el error que dio pie al pretexto de Beltrones, desarropándolo de él, pero como en Bucarelli tienen como costumbre la terquedad y el orgullo, antes de responder correctamente, incluso por propio beneficio a las obvias exigencias, con fortuna se observa que el PRI no acompañará al PAN en la concreción de las ventas petroleras que hiciera en días pasados Calderón por España.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo a bien recordarle a Calderón en este dos de julio, lo sucedido hace dos años, al llamarle como Jefe de Estado, para que impida la destrucción de los paquetes electorales de aquella jornada electoral. Con esto la CIDH busca evitar que se incumpla el derecho a la información reclamado por el director general de la revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, quien es el más avanzado en los trámites judiciales para que se abran los paquetes que contienen las boletas en las que esta la prueba de cómo votamos los mexicanos en ese 2006. El juicio ni siquiera ha sido aceptado por el órgano internacional, pero toma esta medida precautoria con el fin de resguardar su posible apertura en caso de que se gane el proceso en contra de quienes representan al país.
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