Ejército y Ministerio Público vs sociedad

En el senado de la república esta en marcha la discusión de la reforma en materia penal, un tema por demás complicado ante la angustiante situación de inseguridad que vive el país.

La propuesta de Felipe Calderón contempla darle al Ministerio Público (MP) mayores capacidades de acción, lo que incluye, que en casos de delincuencia organizada, el MP pueda entre otras cosas, intervenir conversaciones telefónicas, girar órdenes de aprensión e impedir al acusado conocer la identidad de su acusador, todo esto sin una orden judicial, es decir al margen de un proceso jurisdiccional. Todas las anteriores son garantías que pueden ser coartadas actualmente, claro, mediante la orden de un juez, la última (desconocer a la persona que nos acusa de delincuentes), no se puede hacer, ni con orden judicial.

La propuesta calderonista esta en pleno debate y para ello, nos ayudan dos datos relevantes y muy recientes.

El primero son las recomendaciones y el tono de éstas, que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el pasado vienes 21 de septiembre, en las que aborda cuatro casos recientes de violación a los derechos humanos por parte del ejército en los estado de Sinaloa, Michoacán y Coahuila. Tres de los cuatro hechos, son violaciones sexuales por parte de elementos del ejército a mujeres de la localidad a la que estuvieron adscriptos, uno en Coahuila y dos en Michoacán -sin contemplar lo ocurrido en la sierra de Zongólica, Veracruz a una anciana que en el resultado de la investigación de la CNDH no se dictaminó como la causa de su muerte la violación, aunque en la opinión pública la percepción sea contraria-. El cuarto es la masacre cometida, también por la tropa militar en el municipio de Sinaloa de Leyva, Sinaloa a la familia Esparza Galaviz, de la que resultaron muertos, niños y mujeres. En las recomendaciones de la CNDH, su titular, José Luis Soberanes, hace un llamado a las instancias militares a alejarse de la persecución de crímenes civiles, por tratarse de eso, de cuestiones civiles en las que la milicia no esta capacitada para atender y lejos de proteger a la población, la agrede.

Como segundo dato relevante, aunque en menor medida, esta la última encuesta nacional de opinión pública de la empresa Ipsos-BIMSA, que indica que 71% de los encuestados tiene una buena opinión de la institución castrense, debido a ciertos atributos como la disciplina, el orden y la solidaridad. Aunque ese mismo muestreo arroja que 69% identifica al ejército con el autoritarismo. Y en la misma encuesta se cuestionó sobre el papel que debe jugar el ejército, quedando el combate a la delincuencia en cuarto lugar con 18%.

De esto se puede desprender que concebir a los elementos de la Sedena como brazo ejecutor del Estado de derecho, no es una buena opción en términos de las magras experiencias que su utilización nos ha dado, y del mismo modo, la sociedad no lo estima conveniente.

Sin duda estos elementos tendrán que ser tomados en cuenta antes de otorgar poderes extra judiciales al MP, sobre todo conociendo la inclinación castrense del presidente, que ante la falta de una buena policía, hecha mano del ejército (que está visto, no es menos malo). Esto podría ser una combinación letal para el propio Estado de derecho que la reforma busca rescatar (Ministerio Público con poderes extra judiciales y ejército implementándolo).

Por ello, ninguna de las dos es opción, el buen funcionamiento de la justicia penal no esta peleado, con el respeto a las garantías individuales. Es precisamente el respeto a estás últimas por parte del Estado, el acto que consigue o por lo menos encamina a la justicia, nunca lo contrario.