Jorge Luis Fuentes Carranza

La convivencia en el Estado de Derecho, implica el respeto absoluto por las normas impuestas y más si se trata de que las cumpla quien las impone, en este caso el Poder Legislativo, quien como Poder reformador, basado en el artículo 135 de la Constitución , impulsó desde el Senado de la República una reforma constitucional, de orden electoral, que fue aprobada por su colegisladora (Cámara de Diputados) y por la mayoría (casi la totalidad) de las legislaturas estatales, con lo que entraron en vigor desde el catorce de noviembre, un día posterior (primero transitorio) a su publicación en el Diario Oficial de la Federación , las nuevas formas de actuar en materia electoral. Tal vez después de la nueva regulación que impide la contratación de espacios publicitarios en medios masivos de comunicación en la búsqueda del voto, la más trascendente es el relevo escalonado de los “actuales” consejeros electorales del órgano supremo de regulación electoral, el Instituto Federal Electoral (IFE)

“Lo que queremos es que estudien bien y saquen buenas calificaciones”, eso dijo el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca ante medios de comunicación, que lo cuestionaron por la utilización de la fuerza pública para atender el conflicto estudiantil sucedido por la tentativa de su secretario de educación de reducir la matricula en la escuela normal rural de Ayotzinapa. La matrícula escolar de Ayotzinapa es de 535 alumnos, son algunos “privilegiados” que a diferencia de los 107 mil 672 niños de cinco a 14 años de edad en el estado, sí asisten a la escuela. Esta escuela rural es una sobreviviente, en el país ya sólo quedan 16, cuado Lucio Cabañas egresó de allí, había 28. Como muestra de sus intenciones antes señaladas, el gobernador desalojó el 14 de noviembre de las instalaciones del Congreso del Estado, a estos estudiantes, desde entonces y por esto, el problema se ha agravado. Como lo exigen los estudiantes, no se ha implementado una mesa de diálogo entre ellos y las autorid